Actualmente, en Ecuador, la inseguridad junto con la inestable economía son una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Aunque esta última siempre ha sido un desafío en un país con escasos recursos, dentro de ello se debe priorizar la gestión para, de a poco, ver luz al final del túnel. En ese sentido, el profesor e investigador de la carrera de Economía, Leonardo Sánchez, quien también fuera viceministro de Economía entre 2022 y 2023, describe los principales desafíos económicos que debe enfrentar el gobierno:
1. Estabilización fiscal mediante coberturas petroleras: Implementar mecanismos de cobertura para el precio del petróleo (como opciones tipo put) que permitan estabilizar los ingresos fiscales frente a la volatilidad del mercado internacional. Es decir, dado que el Estado ecuatoriano depende en buena medida de los ingresos petroleros, es fundamental protegerse ante las caídas bruscas del precio del crudo. Estas coberturas funcionarían como un seguro: si el precio baja demasiado, el Estado recibiría una compensación que le permita mantener su presupuesto sin grandes sobresaltos.
2. Eficiencia del gasto público: Transitar hacia un modelo de presupuesto basado en resultados, que vincule el financiamiento a metas de desempeño, particularmente en sectores clave como salud y educación. Es decir, no basta con gastar más, sino gastar mejor. Esto implica que los recursos públicos se asignen según el cumplimiento de objetivos concretos y medibles. Por ejemplo, una escuela que mejora el rendimiento académico de sus estudiantes debería tener mayor prioridad presupuestaria que una que no lo hace, independientemente de su ubicación o tamaño.
3. Revisión y transparencia en contratos de inversión: Sincerar el régimen de incentivos fiscales mediante auditorías de impacto real, fortaleciendo el control y seguimiento de los compromisos adquiridos por los inversionistas. Es decir, muchas empresas reciben beneficios fiscales con la promesa de generar empleo o inversión, pero no siempre cumplen. Es necesario auditar y transparentar estos acuerdos para asegurarse de que el país reciba un retorno justo por las exoneraciones que otorga.
4. Manejo responsable de la deuda pública: Diseñar una estrategia de deuda alineada a la sostenibilidad fiscal, priorizando la renegociación de pasivos costosos y reforzando las instituciones encargadas del endeudamiento. Es decir, no se trata solo de pagar las deudas, sino de hacerlo de manera inteligente. Esto incluye renegociar condiciones desfavorables, evitar sobreendeudarse y fortalecer las capacidades técnicas del Estado para tomar decisiones financieras responsables.
5. Combate a la evasión fiscal y reducción del gasto tributario: Fortalecer el control tributario, cerrar espacios a la elusión y racionalizar regímenes preferenciales que erosionan la base tributaria, promoviendo una mayor equidad fiscal. Es decir, el sistema tributario debe ser más justo y eficiente. Hoy, muchas personas y empresas con alta capacidad económica logran evitar impuestos aprovechando vacíos legales. Corregir esto permitiría que el Estado recaude más sin tener que subir impuestos a quienes ya pagan. Es importante abordar estos desafíos porque sin una economía ordenada no hay desarrollo posible. Un sistema fiscal sólido, un gasto público eficiente y un manejo transparente de la inversión y la deuda son condiciones básicas para que el país recupere la confianza, tanto de los ciudadanos como de los mercados.
Ordenar las finanzas públicas no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar estabilidad, crear empleo, fortalecer servicios esenciales como salud y educación, y construir un Estado más justo y funcional. Es, en definitiva, el punto de partida para que los esfuerzos individuales de millones de ecuatorianos encuentren respaldo en un entorno económico predecible y con reglas claras.
